Alrededor de 14 mil niños indígenas, hijos de jornaleros agrícolas, laboran en el cultivo y levantamiento de tabaco, café y caña en los campos de Nayarit, donde la explotación y malas condiciones de trabajo son iguales a épocas de esclavitud, reveló Óscar Herrera López, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Con los primeros meses del año y el inicio de la cosecha, miles de jornaleros agrícolas arriban a los albergues y galerones en los municipios de Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ruiz, Compostela, Xalisco, Bahía de Banderas, El Nayar, Acaponeta, Huajicori, San Blas, Santa María del Oro y Tepic.
“En Nayarit no han dejado de existir las tiendas de raya en los campos agrícolas. Es una sobreexplotación de la mano de obra de los jornaleros indígenas con sueldos por debajo de los 150 pesos en jornadas diarias de hasta 12 horas”, expresó Herrera López.
El ombudsman dijo que las secretarías de Desarrollo Rural, Desarrollo Económico y Salud del estado, el Departamento de Previsión Social y el Consejo Consultivo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas han incumplido con la recomendación que desde hace un año les envió, la cual busca terminar con la discriminación y el maltrato hacia los trabajadores.
Organizaciones civiles advirtieron que siguen vigentes otros riesgos a los que están expuestos los jornaleros, y que no han sido atendidos: “Las intoxicaciones por el uso cotidiano de agroquímicos sin control y la participación de miles de menores de edad en las labores agrícolas”.
De acuerdo con la Confederación Nacional Campesina, cerca de 68 mil jornaleros arriban durante el periodo agrícola, de los cuales 46 mil son indígenas procedentes de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y la sierra de Nayarit a los cultivos de tabaco, 10 mil en el corte de caña y 12 mil en el cultivo de café, en su mayoría niños, que por su condición, son obligados por sus padres a las labores del campo.
“Es una exigencia de la familia, si los hijos no le entran al trabajo de campo, en automático rechazan laborar en las cosechas”, expresó el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, Trinidad Miramontes Arteaga.
La Asociación Rural de Interés Colectivo y las representaciones locales de las uniones de cañeros y cafeticultores precisaron que la mayoría de los jornaleros trabaja para alrededor de 31 mil patrones en una extensión de 89 mil hectáreas, 5 mil 259 agricultores producen 17 mil 256 hectáreas de café, 7 mil 500 son propietarios de 31 mil hectáreas de caña y 7 mil 500 cultivan 8 mil 679 hectáreas de tabaco.
Mal diagnóstico
El diagnóstico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos “Jornaleros agrícolas migrantes en Nayarit 2007” emitió la recomendación 21/05 a los titulares de las secretarías de Desarrollo Rural, Desarrollo Económico y Salud del estado, el Departamento de Previsión Social y el Consejo Consultivo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en la que solicita mayor atención para los trabajadores.
La recomendación fue emitida luego de que en marzo de 2006 un grupo de jornaleros denunció malos tratos y deficiente atención médica en plantíos tabaqueros de la comunidad de Zacualpan, municipio de Compostela, donde murieron intoxicados dos menores de edad y decenas más dieron testimonio de malos tratos y deficientes condiciones laborales.
Las jornadas diarias de cultivo de tabaco, corte de caña y café que generalmente comienza en diciembre y concluye en mayo o junio, rebasan las 12 horas de trabajo, iniciando desde las siete de la mañana y concluyendo a las siete de la noche.
Los cañeros ganan entre 9 y 10 pesos por puño de caña cortada; de 23 a 25 pesos la tonelada, y de 700 a mil pesos por semana. Para obtener el máximo de ganancia semanal tienen que trabajar hasta 12 horas diarias. Los que laboran en el tabaco reciben entre 70 y 120 pesos al día, dependiendo de la actividad que realicen: plantar, cortar o ensartar, y el café se cotiza entre 22 y 24 pesos por tonelada.
Pero la problemática que viven los jornaleros no para ahí. Organizaciones civiles advierten sobre “la inminente presencia de los hijos de los trabajadores laborando en los campos”.
Claudia Jaime, presidenta del organismo Juntos lo Lograremos, recordó que “en junio de 2007 se detectó a cientos de menores en campos de tabaco y jitomate en Villa Juárez y Zacualpan, sin que los patrones hicieran nada para impedirlo”.
Organizaciones civiles y la CEDH advierten de otro problema: la utilización de agroquímicos, como insecticidas, herbicidas, plaguicidas y pesticidas que se usan en el campo, aunado a la falta de seguridad social y prestaciones de ley por parte de las empresas contratistas.
La Dirección de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud de Nayarit reveló que hasta diciembre de 2007 hubo en la entidad 63 personas intoxicadas por químicos, de los cuales dos menores fallecieron en los municipios de Santa María del Oro y El Nayar en la zona serrana.
Los hijos de jornaleros prefieren ganar unos pesos a estudiar. Aunque las autoridades estatales han impulsado el programa “educación intercultural para la población infantil migrante”, las aulas se muestran vacías. Sólo se observa a los maestros, pizarrones y las sillas en un área habilitada con una carpa.
“Los padres los obligan a trabajar en el campo, el estudio no les es importante”, dijo el diputado priista Lucas Vallarta..
El reclutamiento
La forma de organización que utilizan las empresas o ejidatarios para reclutar la mano de obra no ha variado en décadas, se realiza a través de un representante de cada comité de producción del ejido en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y la sierra de Nayarit.
El “cabo”, o encargado de la cuadrilla de jornaleros, hace la negociación, llega a un acuerdo verbal bajo un cúmulo de promesas que difícilmente cumple, para enganchar a los indígenas que son trasladados en autobús desde su lugar de origen hasta los diversos campos agrícolas, corriendo los gastos de su traslado, de ida y vuelta, a cargo de la empresa o el contratista.
La intervención del “cabo” incide de manera importante en las condiciones laborales que se establecen entre los jornaleros y los ejidatarios, debido a que habitualmente entre éste y el contratista distorsionan los ofrecimientos que se pactan una vez que los trabajadores se encuentran en el lugar.
Lo cierto es que no cuentan con un contrato laboral, carecen de prestaciones y no se les brinda ninguna seguridad jurídica; aunado a ello, la desatención de las autoridades ha ocasionado que los jornaleros se enfrenten a precarias condiciones de vida y trabajo excesivo durante su estancia temporal; en la mayoría de los albergues, las familias no cuentan con los servicios básicos, como agua potable, drenaje, servicios de salud y sanitarios adecuados, energía eléctrica, vivienda digna, además de que no se les ofrece las debidas condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.
Las supervisiones a los campos agrícolas siguen siendo omisas por parte de las autoridades estatal y federal, no exigen ni vigilan la parte patronal, “siguen siendo comparsa de la violaciones a los jornaleros, hay un vicio de raíz en las dependencias, violando sus derechos humanos”, aseguró la legisladora perredista y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Cámara de Diputados, Araceli Ramos Parra.
A la intemperie
Algunos jornaleros corren con suerte, mientras unos duermen en albergues y galerones, otros pernoctan a la intemperie en casas de campaña, chozas, lugares en condiciones infrahumanas, entre diez o quince individuos, con un solo baño, cobijas viejas y con el temor a picaduras de víbora y alacrán.
Los patrones hacen oídos sordos a las demandas de las organizaciones civiles, “es un gran negocio para ellos contratar niños y adultos indígenas, porque no reclaman sus derechos, sólo se conforman con su sueldo”, asegura Avelino Ramos, defensor social y habitante del municipio de Santiago Ixcuintla, lugar donde arriba el mayor número de jornaleros.
Servicios de salud
El médico Isaac del Real Chávez atribuye la falta de atención médica y servicios óptimos a la poca importancia de las autoridades: “El olvido es algo común en la Secretaría de Salud de Nayarit, no atienden las demandas de los indígenas, no invierten en revertir sus condiciones, se han presentado muertes por el contacto con plaguicidas que quedan impunes”.
Propuso la creación de una Unidad Especial de la Salud al Migrante para evitar que los contratistas y ejidatarios “se pasen por el arco del triunfo las anomalías en salud”.
“Es un secreto a voces en Nayarit, las autoridades deben poner freno a las arbitrariedades en el campo, no es posible que estemos viviendo una esclavitud moderna en pleno siglo XXI”, aseguró la diputada panista Angélica del Real.
Tepic•Salvador Arellano
